Hoy no es 1º de diciembre de 2011. Hoy es 1º de diciembre de 2012 y Felipe Calderón se prepara para hacer entrega de la banda presidencial. Son las seis de la mañana y él despierta tras pasar su última noche en la residencia oficial de Los Pinos. Una vez concluida la ceremonia, volverá a su casa, reconvertido en ciudadano común. Tras seis años de calamidades y fatigas, por fin dejará de ser el blanco de todos los reclamos y todas las insidias. Para él, al menos, la pesadilla está a punto de concluir.
No así, en cambio, para el resto del país. México, cuya historia acumula un sinfín de turbulencias, no había experimentado un período más negro desde 1968. Y, si sólo nos concentramos en las muertes violentas -más de 50 mil-, esta etapa ha sido la más infausta desde la Revolución. Seis años marcados por la destrucción y la venganza, las disputas y la sangre. Seis años que han provocado una fractura social sin precedentes.
Cuando Calderón consiguió participar in extremis en su investidura debido al acoso de las huestes de López Obrador -un energúmeno que en nada se parece al amoroso líder de hoy-, México era un país azotado por una feroz crisis de legitimidad, pero cuyo ánimo aún no se precipitaba en un pesimismo exacerbado. El futuro ya no lucía tan esperanzador como en el 2000, pero aún se conservaba cierto aliento de renovación y progreso. A fines del 2012, nada queda de aquel entusiasmo democrático. En apenas seis años, México se derrumbó en un caos sin precedentes.
El antecedente es claro: durante más de 70 años, el PRI construyó en el país un estado de derecho imaginario. Leyes e instituciones que en el papel resultaban modélicas, pero que en la práctica eran instrumentos supeditados a su control. Todos los organismos del estado funcionaban así, pero el sistema de justicia era el epítome de esta lógica piramidal. La corrupción de policías y jueces no era una desviación, sino un elemento indispensable del modelo.
La tragedia de Calderón es que, al emprender la "guerra contra el narco", no hizo sino exacerbar los vicios heredados del priismo que en teoría buscaba combatir. Ésta es la mayor debilidad de su estrategia: los narcos no eran el problema, sino un síntoma. Al empeñarse en combatirlos frontalmente, con herramientas torcidas, atomizó el campo de batalla, pulverizó el tejido social, acentuó las lacras del sistema -en especial la violación de derechos humanos, como demuestra el reciente informe de Human Rights Watch- y expuso al ejército a una desgradación irreparable.
Para justificarse, el Presidente no se ha cansado de afirmar que no podía hacer otra cosa. Que necesitaba combatir a los criminales sin detenerse a limpiar previamente el aparato judicial. Que él no iba a transigir con los delincuentes como el PRI. Por desgracia, el gobierno es el arte de lo posible, y ofrecer soluciones imposibles a problemas mal enfocados porque es moralmente correcto -más bien: ideológicamenteconveniente- no sólo constituye un acto de temeridad, sino el mayor yerro que puede cometer un político.
Pero, una vez que haya retornado a la vida civil, no debemos convertir a Calderón en nuestro chivo expiatorio. Todos los actores políticos comparten su culpa: el PRI, por incubar décadas de desigualdad y crimen, y por frenar cualquier intento de reforma; la izquierda, por concentrarse en su rencor y resquebrajar nuestra precaria vida institucional; y el PAN por avalar una estrategia que precipitó al país en esta sobrecogedora exposición a la violencia.
El saldo de estos seis años no puede ser más desalentador, mas negativo. Sin duda hay aspectos rescatables -la solidez macroeconómica, el seguro popular, la infraestructura carretera-, pero esta época no será recordada por estos avances, sino por una suma de cadáveres que alcanza las proporciones de una guerra civil.
Y es justo al hacer este inventario antes de liquidar al gobierno de Calderón cuando debemos darnos cuenta de la paradoja del momento. El PRI que se apresta a beneficiarse del descrédito del PAN es el mismo que construyó y avaló un sistema de justicia basado en el tráfico de influencias, las amenazas y los chantajes a los jueces y el contubernio de los policías con los criminales; el PRI que jamás emprendió un proceso de autocrítica y jamás se arrepintió de sus crímenes y sus mentiras; el PRI que, en estos seis años, bloqueó cualquier deseo de transformación.
Todos estos elementos deberían pesar a la hora de evaluar a los candidatos que se disputan la presidencia. Hoy por hoy, resulta intolerable escucharlos defender la fallida política de seguridad de Calderón, la supuesta tranquilidad previa al 2000 o lapresidencia legítima del 2006. Si aspiran a tener una mínima credibilidad, tendrían que distanciarse de una vez por todas de su pasado y confesar que ellos, sí, ellos, son corresponsables de este ciclo de desorden y muerte.
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[Publicado el 27/11/2011 a las 19:05]
