Difícil no estar de acuerdo con el espíritu del editorial de ayer de La Jornada sobre la violencia y la inseguridad. Está en la línea de lo que, también ayer, se anotó en La historia en breve.

Considera La Jornada “inocultable que las víctimas principales del conflicto en curso son la población misma, sus garantías y su seguridad, el tejido institucional y la inseguridad moral de la República”. Y que “las declaraciones reiteradas y los despliegues (aparatosos, pero sin resultados) de fuerzas públicas frente a escenas de barbarie y crueldad son del todo inaceptables, como lo son, también, la pasividad y la inacción sociales ante esta catástrofe”.

Para el diario, el ciudadano está desamparado y el criminal sigue gozando de una casi total impunidad. Y agrega que como el gobierno de Felipe Calderón ya no tiene tiempo para conseguir logros reales, “lo procedente no es priorizar el desmantelamiento de los grupos delictivos, sino la pacificación del país”.

¿Qué significa “pacificación del país”? ¿Cómo se alcanzaría en un lapso en que, según esto, el gobierno federal está ya incapacitado?

“La sociedad”, concluye el editorial, “tiene ante sí el deber de dirigirse a las autoridades para que éstas rectifiquen y empiecen a adoptar acciones concretas para poner un alto al baño de sangre en curso”.

De acuerdo, pero ¿qué sociedad, con qué representatividad, a través de qué mecanismos? ¿Rectificación del diseño, de la táctica? ¿Qué acciones concretas?

Comparto el espíritu, pero me parece que un texto tan ambiguo sólo aviva la tentación, al parecer muy seductora entre los priistas, de entregar a los criminales su parte de la plaza con la esperanza de que cumplan su palabra.

O no entendí nada.